El concejal, Miguel Aravena Torres, manifestó a través de un comunicado su preocupación por las posibles repercusiones que podría tener en la gestión administrativa y financiera del municipio de Cochrane, la no implementación del Juzgado de Policía Local.
Por instrucciones de la Corte Suprema, la Corte de Apelaciones de Coyhaique, dio un plazo concreto al Alcalde de la comuna, para cumplir lo ordenado en Resolución del Pleno N°33-2020. En él se reitera ls instrucción de proceder a la instalación del Juzgado de Policía Local, bajo apercibimiento de arresto en su contra, de acuerdo a los dispuesto en el artículo 238 del Código de Procedimiento Civil, sin perjuicio de remitir los antecedentes al Ministerio Público, por el eventual delito de desacato.
Demanda civil al municipio por más de 250 millones de pesos
Además, indicó Aravena, que existe otra causa contra la municipalidad, en el Juzgado de Letras y Garantía de Cochrane, en la que el juez titular del Juzgado de Policía Local, demanda indemnización por falta de servicio al municipio desde 2013, fecha en que el alcalde Ulloa dictó el Decreto N° 257, por el que nombró, a doña Pamela Robledo Guerrero, como jueza titular.
De no mediar un acuerdo entre las partes, podría suponer un futuro embargo que afectaría las arcas y/o bienes municipales.
“Lo anterior sería equivalente a la caída de un misil en las finanzas municipales, con consecuencias desastrosas para el cumplimiento de las funciones de la entidad, por lo mismo no se entiende que el edil o su apoderado no asistieran el día 28 de febrero pasado a una audiencia de conciliación fijada por el tribunal, a fin de llegar a un acuerdo conveniente para las partes, evitando así complejizar aún más la contienda judicial”, señaló el concejal, Miguel Aravena.
Nos comunicamos con la Municipalidad de Cochrane para obtener la versión del alcalde, Patricio Ulloa, respecto a las situaciones planteadas por el concejal, sin embargo la primera autoridad comunal indicó que por el minuto no emitiría declaraciones.
