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    Ley Antibarricadas: Dirigentes acusan montaje y criminalización de protesta social

    El 4 de abril de 2020, los vecinos de Chacabucos, cansados por la lentitud en la toma de medidas para el resguardo de la población en el contexto del Covid-19, decidieron tomarse la ruta 240 para instalar una especie de aduana sanitaria ciudadana.

    La decisión de los pobladores, fue tomada tras insistentes y fallidas conversaciones con las autoridades regionales. En el corte de ruta, 3 personas actuaron como voceros de las demandas de la comunidad, Camila Salas, Francisco Peñailillo y Carlos Díaz; tres dirigentes que hoy fueron formalizados en el contexto de la Ley Antibarricadas, impulsada fuertemente, entre otros, por el diputado de Aysén, Miguel Ángel Calisto.

    «Estas causas que tenemos nosotros finalmente terminan siendo un montaje en nuestra contra. En la carpeta investigativa no hay nada, ninguna prueba, que indique que nosotros fuimos las personas que levantamos barricadas y cortamos el libre tránsito como lo señala la ley. Lo único que tienen es que nosotros fuimos las personas que leímos comunicados, actuando como voceros de las vecinas y vecinos» señala Francisco Peñailillo, dirigente de la Asamblea Territorial de Puerto Aysén.

    Según los antecedentes presentados por la Fiscalía, los tres formalizados junto a otras personas, cortaron la ruta 240 arrojando elementos plasticos en la calzada, interrumpiendo el libre tránsito sin contar con la debida autorización para aquello.

    Según relata Francisco Peñailillo «Lo que tienen son una fotos de Facebook, que nosotros mismos subimos, para que la gente supiera lo que se estaba viviendo. Es completamente injusto lo que estan haciendo, en este caso el carabinero Abutom, el es uno de los que hace las acusaciones y no recuerdo el nombre del otro»

    «Nos ven a nosotros como vecinos, como una amenaza, siendo que ellos están para resguardarnos y cuidarnos a nosotros y son estos mismos carabineros que le dicen a otras personas, oye cargate a esta persona, un taxista me dijo eso, que les mostraban mi foto y les decían que me echen la culpa a mi y que dijeran que yo era el que había levantado las barricadas. Esas son las investigaciones que está haciendo carabineros de Chile en la comuna de Aysén» relata Peñailillo.

    A los dirigentes se les ofreció la posibilidad de acceder a un juicio abreviado, sin embargo para ello es necesario que asumieran la responsabilidad en los hechos que se les imputan, oferta que fue rechazada por las tres personas quienes esperan mantener en el juicio su calidad de inocentes.

    «Esto es una persecución política en nuestra contra» indica, Francisco Peñailillo, recordando que en abril «la gente estaba asustada y quería la medida de cordón sanitario, en nuestra región teníamos 6 contagios de Covid-19, fue por esto que los vecinos se organizaron y levantaron un petitorio de 8 puntos, las autoridades nunca escucharon a la comunidad, fue por esto que tomaron la determinación de cortar la ruta, para llamar la atención de las autoridades, apra que tomaran medidas en beneficio de la comunidad»

    Para los dirigentes, tal como se ha vivido en el resto del país, este tipo de leyes y acciones judiciales iniciadas con denuncias de las propias policias, tienen el único objetivo de limitar la posibilidad de las comunidades a manifestar sus demandas y descontento.

    «Estas medidas las toma la gente porque no encuentran la forma para que los representantes políticos escuchen el sentir ciudadano. Terminan criminalizando la protesta social, que es un derecho legítimo, porque no tenemos otro mecanismo para que nos escuchen. Le pedimós cerca de 5 veces audiencia a la intendenta y a la seremi y nunca nos pescaron» comentó Francisco Peñailillo.

    Tras la audiencia de formalización se decretaron en contra de los dirigentes medidas cautelares de menor intensidad y el tribunal determinó un plazo de 60 días para que el Ministerio Público realice la investigación.

     

     

     

     

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