domingo, noviembre 28, 2021
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Convencionales presentan oficio transversal para incluir a personas privadas de libertad en el proceso constituyente

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Dentro de la población penal son más de 17.000 personas habilitadas para votar las que quedaron fuera de las últimas elecciones. La iniciativa surge del Colectivo Socialista, Frente Amplio e Independientes No Neutrales  y cuenta con el apoyo de 48 constituyentes  desde la Lista del Pueblo a la UDI.   En ella se  solicita a la mesa de la Convención que presente un oficio para crear un espacio de trabajo coordinado que terminé con esta barrera democrática.

 “Es particularmente grave que el Estado niegue el derecho a sufragio a personas cuya libertad fue limitada pero que mantienen vigentes sus derechos políticos», señala el documento presentado, enfatizando que en Chile la normativa establece que se privará del ejercicio del voto solo a quienes tienen condena por pena aflictiva, que es equivalente a más de tres años y un día.

“A quien se le despojan derechos políticos, también se le vulneran Derechos Humanos. Por décadas, la población privada de libertad ha sido marginada de la vida política, negándoles su legítimo derecho a voto y sus demandas humanitarias. La Convención debe proactivamente intencionar la participación de todo grupo históricamente excluido y, por lo mismo, las voces de las personas privadas de libertad también deben ser protagonistas de la nueva constitución”, señala Giovanna Roa (AD), integrante de la Comisión de Derechos Humanos.

Desde la Comisión de Participación Popular y Equidad Territorial, Tomás Laibé señala: “Buscamos garantizar la participación de las personas privadas de libertad en el proceso, porque la nueva constitución se escribe sin exclusiones. En Chile se encarcela la pobreza y se silencia la voz de los excluidos. Queremos dejar de esconder los problemas bajo la alfombra y enfrentarlos, llevarlos a la Convención. Es necesario crear espacios de diálogo en recintos penitenciarios y garantizar el voto de las personas privadas de libertad en el plebiscito ratificatorio”.

Para abordarlo, plantean la creación de una Mesa de Trabajo integrada por el Ministerio de Justicia, Gendarmería y  el SERVEL, que trabaje de forma coordinada con la Convención para terminar con las barreras de participación.

El tema ya empezó a trabajarse junto a organizaciones de la sociedad civil y de familiares de personas privadas de libertad, que se han involucrado en las audiencias públicas de comisiones como la de Derechos Humanos o la de Participación Popular y Equidad Territorial. Esta última presentó una propuesta de reglamento que incluye mecanismos y metodologías para que esta sea efectiva, terminando con una exclusión que invisibiliza tanto sus voces  a la hora de transmitir las realidades que viven, como en la construcción de la sociedad en que se puedan reinsertar.

Tanto la carta como el articulado emanado de la comisión buscan garantizar condiciones materiales para la participación, entre los que se cuentan permitir acceso información vinculada a las discusiones constitucionales, el espacio físico adecuado para la realización de asambleas o cabildos presenciales, conectividad para el trabajo remoto y la posibilidad de que constituyentes y personas encargadas de facilitar el desarrollo del debate y sus metodologías puedan ingresar a los recintos penitenciarios.

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