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    Los hechos «cada vez menos aislados» que involucran a carabineros en Aysén

    Fiscalía investiga delitos de caracter sexual denunciados en Puerto Aysén y Chile Chico, contra funcionarios de la institución. Además continúa en curso el proceso judicial contra el ex prefecto de aysén por obstrucción a la investigación calificada.

    Este viernes en Santiago, el homicidio frustrado de un adolescente, quien fue empujado al río Mapocho por un efectivo de Fuerzas Especiales, generó el repudio de la comunidad y la reacción de parlamentarios, la mayoría de oposición, solicitando la renuncia del general Mario Rozas, director gral. de Carabineros.

    Este mismo viernes, a 2026 kilómetros de la capital chilena, a los pies del lago General Carrera, en la tercera comisaría de Chile Chico, reconocían que uno de sus funcionarios había sido suspendido de sus funciones a raíz de una denuncia por abuso sexual contra un menor de edad.

    «Se recepcionó una denuncia formal en contra de un funcionario de esta unidad fronteriza, de lo anterior se dio cuenta al Ministerio Público de Chile Chico quien ya tomó conocimiento del hecho. Paralelamente y a nivel institucional, se ordenó la instrucción de una investigación administrativa, con el fin de indagar, las eventuales responsabilidades que tendría este funcionario, el tema judicial lo está viendo directamente el Ministerio Público en la comuna» indicó el mayor Gabriel Riquelme, de la 3° comisaría fronteriza de Chile Chico.

    Desde el Ministerio Público se limitaron a confirmar la existencia de la denuncia pero, declinaron entregar declaraciones por tratarse de una investigación aún no formalizada. Misma respuesta que entregó la Fiscalía de Aysén, ante la denuncia por delitos de caracter sexual interpuesta por dos subalternas contra un superior jerarquico, un capitán de carabineros de Puerto Aysén.

    El subprefecto de Aysén, teniente coronel Cristian Vera, indicó hace algunos días que «En el caso de Aysén, ese oficial ya fue desvinculado de la institución y la verdad es que está en etapa sumarial, indistintemente de aquello y los tribunales de justicia resolveran sobre esa materia»

    Lento avance de la justicia en casos que involucran a uniformados

    Las imagenes, profusamente difundidas por redes sociales, del adolescente arrojado al Río Mapocho tras ser empujado por un carabinero, calaron hondo en Aysén. En particular para la familia Sanhueza quienes, en 2019, debieron enfrentar la detención de su hijo y el montaje que miembros de la institución intentaron armar para inculparlo de lesionar a un funcionario de Fuerzas Especiales, versión de la institución, que al igual que en Santiago, fue desmentida por los videos grabados por participantes de la manifestación.

    «Es revivir, cada vez que sucede algo como esto, lo que nos tocó vivir como familia» explica Patricio Sanhueza, padre del estudiante detenido en Coyhaique, quien agrega que «claramente estos no son hechos aislados, mesualmente estamos viendo 2, 3, 4 casos donde tenemos carabineros involucrados, claramente implica que son necesarias reformas profundas o rehacer esa institución»

    En el caso de Coyhaique, dos funcionarios fueron detenidos y formalizados, el entonces prefecto de Aysén, coronel Pablo Capetillo; y el capitán Juan Fuentes. A ambos se les imputa el delito de obstrucción a la investigación, calificada. Sin embargo, las querellas presentadas por el Consejo de Defensa del Estado y por la propia familia, sindicaban responsabilidad a otros 6 funcionarios y además agregaban delitos como el delito de apremios ilegítimos.

    «El señor Capetillo fue llamado a retiro y el capitán Fuentes el está todavía en tema sumarial» precisó el subprefecto de Aysén, teniente coronel Cristian Vera.

    Patricio Sanhueza, padre de la víctima, señala que «el Ministerio Público está acusando a solo dos funcionarios ¿Qué sucede con los otros 6 carabineros? Además nos encontramos con la sorpresa que solamente se les acusa por la obstrucción pero, nosotros y los otros querellantes (CDE e INDH), hemos presentado cargos por otros delitos. Nos llama la atención que no estén todos los imputados, que no esten todos los cargos y claramente vemos que en regiones como la nuestra la justicia se demora un poco más y tememos que pueda haber un manto de impunidad para algunos»

    La Fiscalía presentó la acusación, desestimando por el minuto los demas delitos señalados por los querellantes, y si bien la preparación de juicio oral se debía realizar el próximo 26 de octubre, por solicitud de la defensa, se accedió a una nueva ampliación de la investigación por 60 días, por lo que es probable que el juicio se inicie recién en 2021.

    Si no hay reformas, no hay dinero

    A través de una declaración pública, los senadores de oposición cuestionaron el actuar de carabineros y plantearon que debido a la frecuencia de los «hechos aislados» no pueden acceder a aprobar el presupuesto 2021 para la institución sin que antes se formulen reformas profundas en Carabineros.

    «No podemos aceptar ni una víctima más producto del actuar de una institución que clama una profunda reestructuración. La ciudadanía y el país no entenderían que como Senadoras y Senadores de oposición aprobemos el Presupuesto 2021 de Carabineros de Chile, sin que conozcamos una salida concreta, certera y que resuelva las graves vulneraciones de Derechos Humanos de la que hemos sido testigos desde Octubre a la fecha. Y que se tomen medidas concretas en un problema estructural y no de un solo carabinero» indica la carta firmada por 23 parlamentarios.

    Respecto a estos hechos, la senadora de Aysén, Ximena Órdenes, indicó que «Lo ocurrido ayer en Santiago, es una muestra más de que la institución llegó a un límite, es urgente hacer una reforma profunda y estructural. Las chilenas y chilenos merecemos una policía a la altura del momento que vive el país»

    «Las senadoras y los senadores de oposición, anunciamos que no aprobaremos el presupuesto de carabineros sin tener claridad de las medidas que adoptarán para terminar, de una vez por toda, con las vulneraciones a los D.D.H.H. por parte de la institución» puntualizó la parlamentaria aysenina.

    A pesar de las críticas, el gobierno respaldó la gestión realizada por el cuestionado director gral, Mario Rozas, descartando solicitar la renuncia del general. Solo queda esperar que la amenza a los recursos institucionales realizada por las senadoras y senadores, logre generar los cambios que no han logrado las críticas y repudio de la ciudadanía y los informes de organismos internacionales sobre violaciones a los derechos humanos cometidos por la institución desde 2019 a la fecha.

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